Luego de nuevas declaraciones negacionistas de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, se reimpulsaron proyectos que rechazan y condenan este tipo de prácticas en funcionarios públicos.
“No fueron 30 mil”, afirmó el pasado 24 de marzo la presidenta del Senado, en el marco de las actividades para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En ese contexto, el senador nacional Sergio Leavy (UP – Salta) presentó un proyecto de ley para crear un marco regulatorio de protección contra el negacionismo. La iniciativa propone la protección de los derechos humanos reconocidos y garantizados constitucional y convencionalmente. Así, aclara que “las disposiciones de la ley serán obligatorias para todos los agentes y funcionarios que se desempeñan laboralmente en los poderes y organismos del Estado”.
“Queda terminantemente prohibido a todo el personal que se desempeña en los poderes y organismos desarrollar toda acción y omisión que suponga exteriorizar por cualquier medio declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado. También exponer manifestaciones notorias, elogiando, celebrando, minimizando, justificando o aprobando a los autores responsables de los delitos”, reza la norma impulsada por el salteño.
La iniciativa también propone la modificación del Código Penal, para que el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad sean reprimidos con prisión de un mes a un año e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de cinco años. Además, establece una multa de 100 a 1000 unidades fijas que serán calculadas por el valor de las unidades de medida arancelaria PJN.
En ese sentido, propone una sanción a los medios de comunicación que también difundan o reproduzcan expresiones negacionistas con una multa que va del 0,1% al 10% de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho.