Uno de los temas que se debatieron en la reunión desarrollada esta semana entre la Mesa de Enlace de Entre Ríos y el ministro de Producción, Juan José Bahillo, fue la “situación de los caminos secundarios y terciarios de la provincia, que al día de hoy no encuentran un mecanismo eficaz para nuevas obras y mantenimiento”, según expresaron las entidades rurales.
En ese sentido, según informó la Mesa de Enlace, desde el gobierno provincial adelantaron que “a la brevedad” se elevará un proyecto de consorcios camineros que “incluyen el accionar de Vialidad Provincial y los municipios para el mantenimiento de la red vial”.
En la Legislatura hubo algunos intentos de debatir este tema, el más reciente de los cuales tuvo lugar este año, a través de un proyecto presentado por el diputado provincial Esteban Vitor (PRO). Se trata de un proyecto que ya fue impulsado por el legislador, sin avanzar en su tratamiento, tal como él mismo lo señala en los fundamentos.
De acuerdo al proyecto, que ingresó nuevamente a la Cámara hace pocas semanas, los Consorcios Camineros son asociaciones sin fines de lucro constituidas por grupos de productores o vecinos asociados voluntariamente para conservar, mejorar o ampliar los caminos de la red vecinal o rural, llamada también terciaria.
El proyecto que cuenta con acompañamiento del interbloque opositor sostiene que el Estado reconoce a los Consorcios Camineros como entidades de bien público y compromete su asistencia profesional, técnica, de recursos y de maquinarias para la consecución de sus objetivos. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), por su parte, “promoverá y fomentará en el territorio de la provincia la organización y creación de Consorcios Camineros, los asesorará técnicamente y controlará su funcionamiento”.
En el mismo sentido, se regula que los municipios o comunas puedan realizar contrataciones con estas entidades, “siempre que no se aparten de sus fines y el objeto de su creación”.
Para constituir un Consorcio Caminero deberá reunirse una Comisión Promotora compuesta por lo menos de siete personas con explotación o propiedad rural ubicada en la zona de influencia.
“Es un imperativo de la hora dadas las circunstancias existentes reunir esfuerzos de particulares y de la provincia, para mantener o lograr el buen estado los caminos brindándoles ésta el apoyo necesario para hacer frente a ese importante propósito”, destaca el diputado en su iniciativa.