Proponen que los delitos sexuales contra menores sean imprescriptibles

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, y que tiene la firma de la entrerriana justicialista Marianela Marclay, establece una serie de cambios en el Código Penal, a los efectos de que se establezca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra las infancias.

"El abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las formas más graves de violencia contra las infancias y una profunda vulneración de los derechos humanos. Las secuelas producidas por este tipo de delitos impactan de manera directa sobre el desarrollo psíquico, emocional y social de las víctimas, muchas veces prolongándose durante toda su vida adulta", indicaron los firmantes. Y agregaron: "Las particularidades propias de estos delitos implican, en numerosos casos, que las víctimas no puedan denunciar los hechos en el momento en que ocurren. Las relaciones de poder, dependencia, autoridad o confianza existentes entre agresor y víctima, sumadas al miedo, la culpa, el silenciamiento familiar y social, así como también las consecuencias traumáticas derivadas del abuso, generan enormes obstáculos para el acceso efectivo a la justicia".

En otro apartado de los argumentos, se explicó que la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75 inciso 22, establece la obligación del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para proteger a niñas, niños y adolescentes contra toda forma de abuso, violencia o explotación sexual: "Del mismo modo, los principios de interés superior del niño, tutela judicial efectiva y acceso pleno a la justicia deben orientar toda decisión legislativa vinculada a la protección integral de las infancias". Y finalizaron: "La imprescriptibilidad de estos delitos no implica desconocer principios constitucionales, sino reconocer las características excepcionales que atraviesan este tipo de violencias y las dificultades estructurales existentes para su denuncia. El Estado tiene la responsabilidad de remover aquellos obstáculos que perpetúan situaciones de impunidad y de garantizar que las víctimas puedan acceder a la justicia cuando se encuentren en condiciones de hacerlo".